El río Masacre se ha convertido en protagonista de la última disputa territorial entre República Dominicana y Haití, debido a la construcción de un canal por parte de este último país. Este río fluye desde República Dominicana y actúa como frontera natural entre ambos países, siendo la construcción del canal condenada por el Gobierno dominicano.
HAITÍ Y REPÚBLICA DOMINICANA A TRAVÉS DE LOS AÑOS: UN CONFLICTO LATENTE
La relación entre Haití y República Dominicana ha sido tensa y compleja a lo largo de los años, marcada por conflictos políticos, económicos y sociales. Podemos rastrear su origen en la colonización europea y la división política de la isla de La Española durante el siglo XVII, momento en el que Francia y España iniciaron sus conflictos por el control de la isla. Mientras que el Haití francés se independizó el 1 de enero de 1804, el haití español que precedió a la República Dominicana hizo lo propio el 1 de diciembre de 1821.
A principios del siglo XX, ambos países fueron ocupados por Estados Unidos entre 1915 y 1916. Es en esta primera mitad de siglo cuando encontramos el Tratado Fronterizo de 1929, firmado por Horacio Vásquez y Luis Borno, que demarcaba la pérdida de 6.200 kilómetros cuadrados, el 8% de su territorio. Este convenio fue ratificado posteriormente por Trujillo y Sténio Vincent en 1936. Esta aparente cordialidad se vio completamente diezmada con el incidente fronterizo de 1937.
El 2 de octubre de 1937, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina ordenó a su ejército matar a todos los «haitianos» que vivían en la frontera noroeste de la República Dominicana, que delimita con Haití, y en ciertas partes de la región contigua del Cibao. Esta matanza se extendió durante varios días y se estima que entre 15,000 y 30,000 haitianos fueron asesinados, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Los cuerpos fueron arrojados a los ríos o enterrados en fosas comunes.
Las razones de la masacre no están claras. Trujillo afirmó que estaba tratando de proteger la soberanía dominicana de la inmigración haitiana ilegal. Sin embargo, algunos historiadores creen que la masacre fue un acto de racismo y xenofobia. La masacre provocó una indignación internacional. El gobierno de los Estados Unidos, que había apoyado a Trujillo, condenó la masacre y exigió que se llevara a cabo una investigación. Trujillo se negó a cooperar con la investigación y el gobierno de los Estados Unidos finalmente dio marcha atrás en su apoyo.
La masacre tuvo un impacto devastador en las relaciones entre ambos países. En 2013, el gobierno de la República Dominicana reconoció la masacre y ofreció disculpas a Haití. Sin embargo, la herida sigue abierta y las relaciones entre los dos países siguen siendo frágiles.
Tras este accidente, llegó la dictadura de François Duvalier a Haití en 1957, que se extendería hasta 1971. En este período, se intentó dar otro paso hacia la mejora de las relaciones entre ambos países con el acuerdo Jimaní-Malpasse de 1958. Mientras tanto, República Dominicana vio su primer intento de democracia en 1963, seguido por la revolución de abril de 1965 y el primer período de gobierno del Dr. Joaquín Balaguer.
En las últimas décadas, las tensiones entre ambos países han tomado un matiz distinto, centrándose en la inmigración masiva, el cierre de fronteras, el comercio bilateral, la inseguridad y la repartición del río Masacre. Entre otros, la declaración Abinader-Moise de enero del 2021 ratifica los esfuerzos continuos para resolver los problemas que afectan a ambos países.
LA INTERVENCIÓN EN EL RÍO MASACRE Y LA CRISIS HAITIANA
La reciente intervención de Haití en el río Masacre ha levantado ampollas en ambos lados de la frontera. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó el cierre de todas las fronteras con Haití después de varios días de reuniones entre funcionarios de ambos países que intentaban llegar a un acuerdo en el conflicto por el acceso al agua del río Masacre.
Por su parte, el Gobierno haitiano defendió su posición diciendo que el país “puede decidir soberanamente sobre la explotación de sus recursos naturales” y que tiene pleno derecho a realizar extracciones de agua, según el acuerdo de 1929. Las autoridades haitianas aseguraron que siempre favorecerán el diálogo, si bien también han mostrado su descontento por el anuncio unilateral del cierre de fronteras por parte del presidente dominicano.
Tras enviar un mensaje de tranquilidad a la población haitiana, el Gobierno anunció que tomaría todas las medidas necesarias para que la irrigación de la llanura de Maribahoux se llevaba a cabo conforme a las normas bajo la supervisión de los correspondientes ministerios. Posteriormente, manifestó su deseo de protección de vidas y bienes a ambos lados de la frontera marcada por el río Masacre, así como el respeto a las convenciones internacionales sobre la materia que se habían tomado como referencia hasta entonces.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) promovió el diálogo entre las partes para encontrar una solución al problema. La principal condición por parte del gobierno de República Dominicana es frenar la construcción del canal en el río Masacre. Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre la respuesta de la OEA. La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, dijo que la respuesta de la OEA es muy complaciente para el país, ya que lo que busca el gobierno es la comunicación entre ambas naciones. Por otro lado, Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, dijo que la OEA no tiene suficiente credibilidad para ser mediadora ante el pueblo dominicano debido a la actitud que esta institución ha tomado en conflictos antiguos con Haití.
Luis Abinader Corona, el presidente dominicano, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para asumir con urgencia la crisis haitiana, manifestando que el país ha estado lidiando prácticamente sin ningún tipo de apoyo las consecuencias de la inestabilidad de este país durante años y desde República Dominicana era imposible superar la situación sin ayuda, además de manifestar que si la comunidad internacional no interviene, los niveles de inseguridad actuales acentuarán un proceso de autodestrucción en el que Haití parece verse sumido.
La disputa entre Haití y República Dominicana tiene un impacto significativo en la población local de ambos países. Muchas empresas dominicanas basan su negocio en el comercio con Haití, por lo que el cierre de fronteras pone en peligro numerosos puestos de trabajo. Junto a estos, hay que sumar los numerosos jornaleros haitianos de los que dependen otro buen puñado de negocios. De los casi 500.000 haitianos que residen en República Dominicana, en torno al 5% no cuenta con permiso de residencia, poniendo de manifiesto la inseguridad y vulnerabilidad de un sector de un importante sector de la población de la isla. Echar la vista atrás para aprender los conflictos y acuerdos anteriores puede ser la única forma de poner solución a este difícil conflicto.