La historia política de Myanmar es convulsa, protagonizada por golpes de estado, dictaduras militares y conflictos armados. Desde su independencia del Reino Unido en 1948, el país se vio sumido en un conflicto civil entre el gobierno central y las minorías étnicas. Myanmar cuenta con más de 135 grupos étnicos y muchos de ellos han luchado por su reconocimiento y autonomía a través de los años.
ANTECEDENTES
El 2 de marzo de 1962, el ejército dio un golpe de estado dirigido por el general Ne Win, derrocando así el gobierno civil de U Nu en un proceso que buscaba reconducir una economía en recesión, poner fin a la inestabilidad política y establecer una dictadura militar que terminó durando más de 40 años. En los días posteriores, el ejército declaró el estado de emergencia, disolvió el parlamento y constituyó un nuevo nuevo gobierno militar llamado Consejo Revolucionario de la Unión.
Bajo la condena de la comunidad internacional, el ejército estableció una serie de políticas que limitaron la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, además de reprimir toda oposición política mediante la encarcelación de miles de personas y la ejecución de otras tantas, actuando también sobre la representación de la multitud de grupos étnicos que habitaban el país. Entre las medidas económicas tomadas por este gobierno se encontraban la nacionalización de la mayoría de empresas privadas que operaban en el país, la planificación económica centralizada, un mayor proteccionismo que incrementó e impuso altos aranceles a las importaciones y reprimió las inversión extranjera. Si bien estas medidas económicas se relajaron a partir de 1988, la economía seguía siendo muy débil y terminó por estancarse, sin apenas relevancia en el plano internacional.
EL CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA FRUSTRADA
En 2011, tras más de 40 años de dictadura, el general Than Shwe, líder del régimen, anunció que el ejército se retiraría del gobierno y que se celebrarían elecciones. Si bien este mantuvo un fuerte control sobre el gobierno y la sociedad, en 2015 se celebraron comicios que colocaron a Aung San Suu Kyi de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) al frente del gobierno, siendo esta la primera vez que una mujer ocupaba el cargo de primera ministra en Myanmar. No obstante, esta nueva etapa democrática se vería frustrada tan solo unos años después de su comienzo.
El 1 de noviembre de 2020 se celebraron elecciones generales que se saldaron con una victoria aplastante del NLD, con 396 de los 476 escaños del parlamento del país. Dos días después, el ejército de Myanmar emitió un comunicado acusando al partido de fraude electoral. La tensión entre el ejército, el gobierno central y la ciudadanía creció durante meses a partir de esta declaración, con protestas en las calles y acciones que ponían en peligro esta frágil democracia.
Finalmente, la situación de descontento por parte del sector militar se saldó con un nuevo golpe de estado por parte del ejército liderado por el general Min Aung Hlaing el 1 de febrero de 2021, declarando el estado de emergencia y la disolución del parlamento. La hasta entonces primera ministra Aung San Suu Kyi fue detenida al día siguiente por el ejército, junto con otros líderes del NLD, lo que dio comienzo a una serie de protestas por todo el país contra el golpe a partir del día 3.
Las condenas de la comunidad internacional crecieron a lo largo del mes de febrero, pidiendo la restauración del gobierno democrático, pero la respuesta del ejército consistió en la intensificación de la represión de las protestas.
Pasado un mes desde el golpe de estado, La Asamblea Nacional de la Unión (ANC), un grupo de legisladores electos del NLD en la clandestinidad, declaraba a Aung San Suu Kyii como primera ministra el 1 de marzo. Las minorías étnicas de Myanmar se unieron a las protestas a lo largo del mes de marzo, resultando en una ofensiva sobre los distintos pueblos y puntos del país en los que se concentran. El 14 de mayo, el ejército golpista extendió el estado de emergencia hasta el 31 de agosto de 2021, y la ANC anunció la formación de un gobierno en el exilio a finales del mismo mes. Unos días antes de la fecha dada para el fin del estado de emergencia, el ejército volvió a extenderlo hasta el 31 de enero de 2023, para volver a hacerlo hasta el 31 de mayo.
Más de dos años después del comienzo del conflicto, la ANC anuncia la formación de un ejército de resistencia el 20 de febrero de 2023, y meses después declara la celebración de elecciones presidenciales en el exilio el 24 de septiembre. Estas darían nuevamente como resultado la victoria de Aung San Suu Kyi. Días después, el ejército de Myanmar volvió a rechazar los resultados electorales.
MYANMAR HOY
El golpe de estado en Myanmar sigue siendo una crisis sin resolver. El ejército de Myanmar mantiene el control del gobierno y ha intensificado la represión de las protestas. La comunidad internacional ha condenado el golpe y ha impuesto sanciones al ejército, pero estas medidas no han logrado restaurar la democracia en el país.
La situación en Myanmar ha sido objeto de atención internacional desde que los militares tomaron el poder nuevamente en 2021. Este golpe de estado ha llevado al país a una crisis política y humanitaria que ha empeorado con el paso del tiempo. La respuesta internacional ha sido en su mayoría condenatoria. La Unión Europea, por ejemplo, ha expresado su apoyo a los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y las Naciones Unidas para ayudar a Myanmar a encontrar una solución pacífica a la crisis. Además, la ONU ha adoptado una resolución que condena el uso de medios letales y violencia en el país.
A pesar de las condenas internacionales, la situación en Myanmar ha continuado deteriorándose. Seis meses después del golpe, la crisis humanitaria empeoró, con un número creciente de desplazados, una crisis alimentaria y un aumento en las infecciones por COVID-19. La situación de los derechos humanos en el país también es crítica, pues más de dos años después del golpe de estado, Myanmar se enfrenta a un retroceso sin parangón en cuestión de derechos humanos. Según el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, el país se ha hundido como nunca antes en una crisis y ha sufrido un retroceso generalizado en cuestión de derechos humanos.
Las fuerzas armadas de Myanmar continúan llevando a cabo detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos impunemente. Desde el golpe, han sido víctimas de homicidio casi 3.000 personas, 1,5 millones han quedado desplazadas internamente, más de 13.000 continúan recluidas en condiciones inhumanas, y se sabe que se ha ejecutado públicamente a al menos 4 personas y condenado a muerte a más de 100. Se calcula que más de 36.000 nacionales de Myanmar se han visto forzados a buscar refugio en los países vecinos. De acuerdo con la ONU, actualmente habría 34.500 birmanos en India y 1600 en Tailandia. Los brotes de violencia en el norte de Rakhine, Myanmar, obligaron a cientos de miles de personas a huir hacia Bangladesh en un lapso muy breve. Además, hay 7,8 millones de niños y niñas sin escolarizar.
La ofensiva de los militares contra cualquier persona a la que ellos consideren opositora ha sembrado el miedo en todo el país y dado lugar a graves violaciones de derechos humanos con tácticas como lanzar ataques aéreos y terrestres contra población civil. Aunque muchos gobiernos han atendido los llamamientos a la acción, su respuesta no es aún suficiente para detener las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército.
Las ONGs activas en la región desempeñan un papel crucial en la situación actual de Myanmar. Pese a las dificultades de acceso, las agencias humanitarias de la ONU y sus socios han aumentado la ayuda en las zonas de conflicto del sureste y noroeste del país con el objetivo de ayudar a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida. Las ONG facilitan la asistencia de retorno a migrantes en situación irregular y otros migrantes, por ejemplo, solicitantes de asilo rechazados, migrantes objeto de trata y nacionales calificados.
Las Naciones Unidas y sus asociados prestan actualmente ayuda humanitaria a tres millones de personas en Myanmar. Sin embargo, la crisis ha puesto un desafío para los principales organismos internacionales y ha alterado profundamente las percepciones sobre la práctica de la política.
